La Libertad de Expresión.
El artículo 29 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el ejercicio de una libertad más que esencial: la de expresión.
Para fácil comprensión, la libertad de expresión es el derecho para expresar, verbal o por escrito, cualquier pensamiento u opinión, positivo o negativo, sobre algo o alguien.
Para fácil comprensión, la libertad de expresión es el derecho para expresar, verbal o por escrito, cualquier pensamiento u opinión, positivo o negativo, sobre algo o alguien.
Esa libertad es un pilar fundamental para todo Estado Democrático de Derecho. Fortalece la participación ciudadana en asuntos de interés particular o colectivo, e implica un baluarte frente a la rendición de cuentas que todo gobierno tiene, por deber, que cumplir.
Con o sin crítica, toda opinión debe ir presagiada de una clara intención de contribuir en la reflexión de pensamiento de las personas hacia quienes va dirigida, procurando motivar a las masas a analizar el tema expuesto y a orientar su perspectiva.
La opinión, sin lugar a dudas, debe ser ejercida dentro de un marco de responsabilidad, pues quien en sus manos tiene la manifestación de sus pensamientos debe tener claridad de las eventuales consecuencias que, por afectación a la moral, el orden público o a terceros, se puedan generar.
Con la preferencia en el uso de las redes sociales, las personas han encontrado un refugio perfecto para hacer valer sus opiniones, casi en forma instantánea. Esos medios de comunicación presentan muchos beneficios, pero a su vez riesgos.
Al encontrarse “protegidas” por una pantalla de computadora o celular, las personas se sienten más envalentonadas para manifestar, en preciso momento, lo que piensan y donde en muchos casos se permiten insultar o, incluso, levantar falsos en contra de terceros que pueden repercutir en su honorabilidad y reputación.
Ningún derecho o libertad tienen un carácter absoluto en cuanto a su ejercicio. Es una máxima que se conoce, principalmente, en el mundo del Derecho, y que se traduce, coloquialmente, en que el hecho de gozar de ese derecho o libertad no me legitima para hacer lo que me plazca frente a los demás.
Si una persona quiere denunciar una situación irregular respecto a otra debe tener presente que su dicho debe estar respaldado por las pruebas pertinentes, a menos que sean hechos públicos y notorios que no permitan duda alguna. Caso contrario, quien afirme hechos falsos o inexactos que generen daño en otras personas, debe enfrentar las consecuencias legales por su ligereza.
Así como cualquier persona tiene el derecho de demandar o denunciar, responsablemente, igualmente quienes manifiesten sus opiniones deben cumplir con esa consigna ética, dentro del marco del respeto y la buena fe hacia los demás.
Por más convulso que se encuentre el escenario de la ingobernabilidad en nuestro país, las y los costarricenses debemos aprovechar el hermoso beneficio que nos da la Constitución y la Ley para construir democracia, no para deteriorarla, poco a poco, sin ofrecer alternativas constructivas en nuestras críticas.
No permitamos que las facilidades que nos brinda la tecnología imperante nos lleve a cometer ligerezas por las cuales, en el futuro, debamos arrepentirnos, todo por creer que la libertad de expresión la podemos ejercer sin límite alguno.

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